Publicado originalmente en la Edición No. 4 ´(Septiembre 2011) de la Revista "Latinoamérica al Día" de la Coalición por la Corte Penal Internacional.

Entre el 13 y 14 de junio de 2011, la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional (CICC) organizó la Tercera Reunión Estratégica para las Américas en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Este encuentro siguió con el proyecto iniciado en Colombia (2006) y en Guatemala (2008), cuyo propósito es reunir a organizaciones para discutir avances y estrategias para la ratificación e implementación del Estatuto de Roma en América Latina.

En esta reunión participaron organizaciones de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja y miembros del Comité Ejecutivo de la CICC como Amnistía Internacional, la Comisión Andina de Juristas y la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El continente latinoamericano ha mostrado su apoyo a la CPI, tanto a nivel político como en su participación en las Asambleas de Estados Parte y la Conferencia de Revisión en Kampala, en mayo de 2010. Hasta la fecha, 15 de los 19 Estados latinoamericanos han ratificado el Estatuto, quedando pendiente la adhesión de Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Con base en lo anterior, la agenda de trabajo se centró en cuatro partes: (i) el proceso de ratificación e implementación del Estatuto en América Latina; (ii) la revisión de los casos que se vienen llevando en la Corte Penal Internacional (CPI) y las situaciones bajo examen preliminar; (iii) la complementariedad, el crimen de agresión y la participación de las víctimas; y (iv) discusión sobre estrategias para fortalecer el trabajo de las coaliciones nacionales por la CPI.

Si bien se reconoció el apoyo por parte de los Estados a la CPI, incluyendo las resoluciones anuales de la OEA, las organizaciones mostraron su preocupación en el rezago frente a la adopción de leyes de implementación, tanto en materia de cooperación como de crímenes internacionales. Hasta la fecha, únicamente Argentina y Uruguay han implementado plenamente el Estatuto de Roma por lo que se hace necesario impulsar leyes de complementariedad, algunas que tienen hasta cinco años de debate en los Parlamentos.

Asimismo, se hizo un llamado para que se continúe con la ratificación del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la CPI (APIC), especialmente a Brasil, Chile, Perú y Venezuela, países que son parte del Estatuto pero que sigue pendiente la ratificación de dicho tratado.

Otro elemento de discusión fue la necesidad de que la CPI tome una posición oficial frente a la apertura o no de un examen preliminar en Colombia y Honduras. De especial interés ha sido el llamado a que la Corte sea más transparente en el marco de su trabajo en las situaciones bajo examen preliminar, emitiendo informes que permitan conocer los avances que a su juicio los Estados estarían implementando en la persecución nacional de crímenes que podrían estar bajo su competencia.

Tomando en cuenta el proceso de elección de magistrados y del nuevo Fiscal Jefe en la próxima Asamblea de Estados Parte, las organizaciones participantes hicieron un llamado a los países latinoamericanos para que seleccionen las candidaturas más idóneas, tomando en cuenta su experiencia en derecho internacional y derecho penal, su experiencia en el tratamiento y manejo de casos y la equidad de género.

Al finalizar el encuentro, las organizaciones participantes emitieron un documento con Recomendaciones Finales[1]. La actividad final del encuentro consistió en una conferencia pública con la participación de miembros de gobierno y organismos de la sociedad civil en torno a las perspectivas de ratificación del Estatuto de Roma por parte de El Salvador.

Como conclusión, se debe destacar el trabajo de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la interpretación y aplicación del derecho penal internacional para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. A pesar de estos avances jurisprudenciales y de la influencia que el Estatuto de Roma ha tenido para la reapertura de casos, se debe seguir trabajando con el Estatuto para fortalecer la participación de las víctimas en los procesos, así como el establecimiento de protocolos que protejan a las personas víctimas de crímenes de violencia sexual.

[1] Ver: http://www.iccnow.org/documents/CCPI_Recomendaciones_finales_Reunion_Estrategica_Americas-_San_Salvador_FINAL.pdf