Artículo publicado originalmente en el portal Asuntos del Sur por Mariana Rodríguez Pareja y Salvador Herencia Carrasco[1]

El 26 de octubre de 2011, el Tribunal Federal Oral Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires condenó en un juicio histórico a 16 ex-militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura que azotó a la Argentina entre 1976 y 1983.

Según se lee en el fallo “los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad”[2]. 85 delitos fueron investigados y juzgados, entre ellos el de privación ilegal de la libertad agravada, la imposición de tormentos y el homicidio calificado, todos perpetrados en lo que fue el principal centro clandestino de detención y tortura del régimen militar.

Cabe destacar que este es el primer caso que aborda violaciones masivas a los derechos humanos cometidos en la ESMA y se espera un segundo juicio en 2012, en el cual se abordarán otras violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino de tortura, entre los cuales se incluirán crímenes de violencia sexual.

El fallo condenó a prisión perpetua a 12 de los acusados; dos de ellos a 25 años de prisión; uno, a 20 años y otro, a 18 años de cárcel. Dos de los acusados fueron absueltos, sin embargo, permanecerán en custodia por otras causas pendientes.

El juicio duró alrededor de dos años, en la cual se investigó alrededor de 86 hechos y se recibió el testimonio de más de 150 testigos, incluyendo el de 80 sobrevivientes. A pesar de que el fallo fue dictado a fines del mes pasado, la sentencia completa solamente será publicada en diciembre.

ESMA, un caso emblemático

Ubicado en la ciudad de Buenos Aires, la ESMA funcionó como el mayor centro de detención clandestino durante la dictadura militar[3]. Se estima que más de 5,000 personas fueron arbitrariamente detenidas, torturadas y desaparecidas, pero sólo alrededor de 200 han sobrevivido. De acuerdo con testimonios, incluso de Pernías- uno de los acusados- muchos de los detenidos en la ESMA fueron arrojados al Río de la Plata desde aviones, en los llamados “vuelos de la muerte”. Hoy en día, funciona en la ESMA un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.

Lo simbólico de la condena a Astiz

Uno de los condenados a prisión perpetua es el ex-capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el “ángel de la muerte”, uno de los símbolos de la dictadura argentina. Astiz fue el autor material de torturas y asesinatos, entre otros crímenes. Además, se le imputa como responsable de una de las operaciones más crueles llevadas a cabo por la dictadura, al infiltrarse en la asociación Madres de Plaza de Mayo, bajo el nombre de Gustavo Niño, aduciendo estar en búsqueda de un supuesto hermano desaparecido.

Entre las víctimas de Astiz figuran las monjas francesas Alice Domon y Léonie Renée Duquet, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, la joven Dagmar Hagelin y las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco.

Astiz desafió en numerosas oportunidades al tribunal, acusándolo de llevar a cabo una persecución política en su contra.

El Juicio a las Juntas, las leyes del perdón y el indulto

Más de 600 casos han sido llevados ante tribunales nacionales desde el Juicio a las Juntas, celebrado en 1985. Este proceso se vio rápidamente truncado en 1986, cuando el Congreso aprobó las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, las cuales inhibieron a los tribunales nacionales de investigar a militares de medio y bajo rango por su actuación durante el último gobierno militar. Asimismo, quienes no fueron alcanzados por los estándares delineados por esas leyes, fueron beneficiados por los indultos presidenciales otorgados en 1989 y 1990.

Sin embargo, el 2003 el Congreso declaró nulas las leyes de amnistía y brindó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Otro avance más se dio en el 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto  Final y de Obediencia Debida. De esa forma se abrió el camino para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos en el pasado.

En este sentido, la interpretación y la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos sirvieron para que autoridades nacionales y de otros países en la región lleven a cabo procedimientos que involucren torturas y desapariciones forzadas.

De acuerdo con la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, desde 1993 se han condenado a 262 personas, incluyendo a 22 civiles. Sin embargo, hasta la fecha sólo 43 tienen sentencia firme. En este momento, existen 14 juicios en trámite y se ha fijado fecha para el comienzo de la etapa de debate de otros siete. 800 casos están abiertos en la actualidad, con 802 procesados y 482 detenidos. Uno de los problemas que se ha afrontado en estos procesos es el gran número de causas individuales sobre un mismo hecho, por lo que se está trabajando en la acumulación de estas causas en un mismo juicio.

La justicia y lo que queda por hacer

Aproximadamente 30,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar. El ex-Presidente Alfonsín llevó a cabo esfuerzos importantes por la justicia y la verdad, que se vieron opacados por las leyes de amnistía, hasta que en 2004 se comenzaron a tomar medidas específicas por la verdad,  la justicia y la memoria.

Este primer juicio de la ESMA es, a nivel jurídico y social, uno de los más importantes de la historia argentina, junto con el Juicio a las Juntas. Es la continuación de lo investigado en el informe Nunca Más de la CONADEP y la consecución de años de trabajo por parte del Poder Judicial, las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas. Sin embargo, no es el único: se vienen llevando a cabo juicios de la verdad en todo el país y muchos, continúan en trámite. En muchos de ellos, testigos y sobrevivientes continúan siendo amenazados por quienes se oponen al esclarecimiento de lo sucedido en el país durante esos años.

“Estamos satisfechos por haber podido concluir el primer juicio en la causa ESMA y porque se haya podido condenar a personas emblemáticas de la represión” dijo el Dr. Pablo Parenti el coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración para la Revista Debate. En este sentido, agregó que se debe “(…) tener cierta satisfacción porque la Argentina pudo revertir la impunidad y, si uno mira los otros países de la región, comparativamente, no quedan dudas de que nuestro país está a la cabeza del juzgamiento de crímenes de esta naturaleza. Pero eso no debe llevarnos a pensar que está todo hecho”, agregó.

Los juicios siguen en Argentina y se abren oportunidades de investigación y de búsqueda de la verdad, especialmente en el interior del país. Lo ocurrido en Argentina y los esfuerzos que se han dado en otros países de América Latina, demuestra la importancia de que los órganos de justicia contribuyan a esclarecer lo ocurrido durante los regímenes autoritarios y consolidar el estado de derecho.

[1] * Mariana [ADS] es experta en comunicaciones y en derechos humanos. Anteriormente se desempeñó como Agente de Prensa para la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) en su sede central en Nueva York, entre otros puestos para la misma organización en Lima y Buenos Aires. @maritaerrepe

** Salvador es LL.M., Universidad de Ottawa. Asesor jurídico de la Comisión Andina de Juristas en el Perú y Coordinador del Área de Estudios y Proyectos de la Asociación Salgalú para el Desarrollo. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe

[2] Artículo 118 de la Constitución Argentina y Ley 24.584 que ratifica la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

[3] Aunque las instalaciones fueron utilizadas fundamentalmente por el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2, éste puso las mismas a disposición de otros grupos represivos con los que mantenía contacto regular: Comandos de la Aeronáutica, la Prefectura Nacional Marítima, el Servicio de Inteligencia Naval y otros grupos policiales y militares que llevaban también allí a las personas secuestradas.