Brasil: se establece comisión de la verdad para investigar violaciones a los derechos humanos
Artículo publicado en Asuntos del Sur.
A pesar de algunos intentos por establecer un registro de las violaciones a los derechos humanos, Brasil sigue en la búsqueda de la verdad y la justicia por lo sucedido en el país durante muchos años. Es por eso que la presidenta Dilma Rousseff aprobó en noviembre pasado una ley que establece la Comissão Nacionalda Verdade, con miras a investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el país entre 1946 y 1988.
No existe en el país un registro oficial comprensivo sobre los crímenes a los derechos humanos cometidos en el país entre 1965 y 1985. Es en ese contexto en el que el Parlamento aprobó la ley que establece la Comissão, la cual trabajará en la órbita de la Presidencia –bajo la llamada Casa Civil- y su mandato será de dos años. Debe recalcarse, sin embargo, que la ley no revoca la Leide Amistía de 1979 e investigará los presuntos crímenes cometidos por el régimen militar y también, los que hubieren sido perpetrados en democracia.
A pesar de que la democracia fue recuperada en 1985, la Comissão investigará hasta 1988, año en el que se adoptó la nueva Constitución Política.
Democracia interrumpida
El golpe militar de 1964 fue muy significativo para toda América Latina: fue la primera dictadura militar que gobernó un país institucionalmente, sin basarse en la autoridad de un caudillo. Detrás de ese golpe de Estado existió un elemento ideológico significativo, basado en la doctrina de extrema derecha “Doctrina de Seguridad Nacional”, ampliamente desarrollada por los militares brasileños.
Durante la dictadura, el Estado fue responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y delitos contra la libertad de expresión.
A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por la sociedad civil y la Iglesia, el número de torturados, desaparecidos y asesinados nunca fue oficial. De acuerdo con información extraoficial, se calcula que más de 10.000 brasileños dejaron su país, 50.000 fueron detenidos durante los primeros meses de la dictadura y 400, desaparecidos hasta el día de hoy.
Durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y Lula da Silva (2003-2010), se implementaron iniciativas para reconocer los derechos de las víctimas de la dictadura, incluyendo reparaciones a los sobrevivientes, pero sin existir un análisis histórico de lo ocurrido en el pasado y la transición hacia la democracia. Este será una de las principales tareas de la Comissão.
La única excepción al silencio oficial fue un informe de la Arquidiócesis de São Paulo en 1985, en el cual se describe en detalle las torturas, los modos y los instrumentos utilizados para su práctica en estaciones de policía; el sistema represivo; las condiciones de detención y la distorsión del derecho. El informe recaba 1.918 casos de tortura entre 1969 a 1979, y deja constancia que habían excluido del mismo un número “incalculable” de casos.
Importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
Como sucedió en otros países de la región, Brasil adoptó una ley de amnistía en 1979 para evitar investigaciones judiciales y enjuiciamientos sobre posibles violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen militar. Pero en este caso, la ley de amnistía, fue originalmente impulsada por la sociedad civil para liberar a presos políticos, además de para proteger al gobierno y a las fuerzas de seguridad de investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, a finales de 2010, en el caso de la Guerrilhado Araguaia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que la ley de amnistía era “inválida”. De acuerdo con el fallo de la Corte, dicha ley no era compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de ese fallo, el Congreso no ha votado aún sobre su validez. La ley sigue vigente.
¿Se sabrá la Verdad?
La creación de la Comissão fue acordada luego de un largo y difícil debate entre los diferentes partidos políticos en el Parlamento y contó con el beneplácito de la comunidad de derechos humanos local, incluyendo también el de ex funcionarios de la cartera de Justicia desde el retorno de la democracia en 1985.
La Comissão estará encabezada por siete “eminencias” brasileñas que serán nombrados por la Presidenta. Aún no se conocen los nombres. Los siete Comisionados tendrán dos años para cumplir con su mandato y emitir un informe.
Sin embargo, se han expresado ciertas reservas con respecto al número de personas que pueden trabajar con los comisionados – sólo una docena-, puesto que parecería insuficiente para tamaña tarea.
A pesar de que a primera vista, todo parecería indicar que la creación de la comisión ayudaría a que los brasileños conozcan lo que sucedió en el país en todos esos años, algunos aducen que esta medida es insuficiente.
Las voces críticas argumentan, en principio, que la Comisión no tendrá tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación seria en sólo dos años. El mandato de la comisión no puede ser extendido -de acuerdo con la ley- y la investigación deberá revisar 42 años de historia del Brasil. Los comisionados tendrán la difícil tarea de investigar los presuntos crímenes cometidos durante cinco gobiernos civiles y por los militares que gobernaron el país entre 1964 y 1985.
Habrá que esperar a ver si la Comisión puede trabajar de manera independiente y efectiva bajo esas condiciones, con una ley de amnistía vigente para los crímenes a los derechos humanos y con tanta historia por revisar en tan poco tiempo.
También publicado en inglés para International Justice Central:
Mariana [Asuntos del Sur] es experta en comunicaciones y en derechos humanos. La puedes seguir en @maritaerrepe
Salvador es LL.M. Universidad de Ottawa, Asesor jurídico de la Comisión Andina de Juristas. E-mail:sherencia@cajpe.org.pe
