Artículo originalmente publicado en Asuntos del Sur.

Guatemala resultó devastada por un período de violencia entre 1960 y 1986, el cual incluyó actos de genocidio. De acuerdo con el Informe “Memoria del Silencio” de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, aproximadamente 200,000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada y se estima que las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.

En agosto de 2011, un tribunal local condenó en la ciudad de Guatemala a cuatro ex-soldados de una unidad de élite del ejército a una pena de 6060 años por la masacre de las Dos Erres, cometida en 1982. Si bien este fallo fue significativo dado que precedía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos hechos, esta acción judicial representaba la excepción a una práctica generalizada de impunidad.

Es en este contexto que llamó la atención de la opinión pública que el pasado jueves, 26 de enero, el ex-Presidente de facto, General José Ríos Montt, compareció por primera vez ante un tribunal nacional para responder por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Como es de conocimiento público, el General Ríos Montt tomó el poder mediante golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, causando recrudecimiento del conflicto guatemalteco, dónde se cometieron las peores masacres en el país. El Ministerio Público de Guatemala ha señalado que durante el régimen de Ríos Montt se cometieron 1,485 violaciones a mujeres menores de edad y se desplazaron a 29 mil personas, sindicándolo como el mayor responsable de violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas.

Congreso de Guatemala ratifica Estatuto de Roma: ¿Convicción por los derechos humanos?

El mismo día que el General Ríos Montt comparecía ante los tribunales, el Congreso de Guatemala, por medio del Decreto 3-2012, ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Tomando en cuenta que la decisión de ratificar este tratado viene de una instrucción directa del recién posesionado Presidente Otto Pérez Molina, se espera que la sanción presidencia y el depósito del instrumento de ratificación sea una cuestión protocolar.

Como se había escrito anteriormente para Asuntos del Sur, la objeción de ciertos sectores políticos guatemaltecos hacia la CPI obedecían a criterios políticos antes que jurídicos, dado que en el 2002, la Corte de Constitucionalidad había dictaminado la legalidad del Estatuto mediante una Opinión Consultiva favorable.

En este contexto, aun no queda del todo claro este cambio repentino hacia el Estatuto de Roma y el inicio del proceso judicial contra el General Ríos Montt. Algunos sectores sugieren que la pre-disposición del Presidente Pérez Molina (militar retirado que ocupó un cargo directivo durante la guerra interna) vio la ratificación del tratado como un gesto de buena voluntad y de apertura hacia otros sectores del país. Habrá que esperar cuál es el grado de compromiso hacia los derechos humanos en un país que actualmente viene sufriendo altos índices de inseguridad ciudadana a causa del crimen organizado.

El pasado y el futuro:

En este momento en el cual comparece ante los tribunales locales el General Ríos Montt, se cuestiona fuertemente la Verdad, la Construcción de la Memoria Histórica y el Informe de la Comisión de la Verdad , el hecho de haber ratificado el Estatuto de la CPI es simbólico.

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos 36 años son cuestiones que deben ser abordadas por la justicia guatemalteca o por quienes tenga jurisdicción y competencia para llevar adelante esa difícil tarea. A nivel local, distintos litigantes están tratando de llevar adelante casos por violaciones a los derechos humanos , incluso por genocidio.

A pesar de la falta de una legislación de implementación  en torno a principios y crímenes de Derecho Penal Internacional en el país, muchos de los principios fundamentales del Estatuto de Roma son vinculantes para Guatemala, especialmente a través de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido fundamental en este proceso, como un actor en la lucha contra la impunidad.

La Corte Penal Internacional es un mecanismo excepcional y complementario a los tribunales locales, que sólo actúa ante los crímenes más graves , como son el genocidio , los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Es deber primario de los Estado el juzgar en caso que este tipo de crímenes sean cometidos en su territorio o por alguno de sus ciudadanos. La ratificación del Estatuto de Roma ofrece la garantía de la no repetición de crímenes y en un país que ha sufrido un conflicto tan grave , la ratificación y la implementación del Estatuto de la CPI contribuirá a fortalecer el sistema judicial y el Estado de Derecho , por lo tanto , será un beneficio para las generaciones futuras.

Ahora a esperar la promulgación y el depósito ante las Naciones Unidas. Recién ahí podemos hablar de medidas concretas y duraderas por la paz y la justicia en Guatemala.

*Mariana Rodríguez Pareja [ADS] es la Directora del Programa de Derechos Humanos de Asuntos del Sur. @maritaerrepe

* Salvador Herencia Carrasco. LL.M., Universidad de Ottawa. Consultor de la Comisión Andina de Juristas en el Perú y Asesor del Área de Estudios y Proyectos de la Asociación SALGALU para el Desarrollo. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe