Artículo publicado originalmente en el portal Asuntos del Sur por Mariana Rodríguez-Pareja y Salvador Herencia-Carrasco.

El 2 de abril de 2012, el gobierno de Guatemala depositó el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma ante el Secretario General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en el Estado Parte 121 de la Corte Penal Internacional (CPI). Con esta ratificación, sólo resta en la región que Cuba, El Salvador y Nicaragua se unan al sistema de justicia de la CPI. La buena noticia es que El Salvador ha anunciado públicamente su intención de unirse al tratado antes de fin de año. Sin embargo, nada se ha oído de los otros dos países restantes.

En 2002, la Corte Constitucional guatemalteca dio su opinión consultiva con respecto al Estatuto de Roma, argumentando que el mismo era compatible con la Constitución del país. Desde ese entonces,  la objeción al tratado fue más política que legal. Con la ratificación del Estatuto de Roma, el largo camino de la puesta en práctica comienza. Debemos tomar en cuenta que en países como Bolivia, Ecuador, México y Perú (para nombrar solo algunos) han ratificado el Estatuto hace ya muchos años, pero no han completado el proceso de implementación.

En el caso de Guatemala, la importancia de esto reside en el hecho que la Corte Constitucional determinó que el Estatuto de Roma es un tratado de derechos humanos, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución y ocupa el punto máximo en la pirámide del bloque constitucional. Esto significa que el Estatuto de Roma y sus principios tienen rango constitucional. En un país en el cual se está abordando el enjuiciamiento por los crímenes internacionales cometidos en durante la guerra civil de la década del 80, los principios tales como la imprescriptibilidad, la no aplicación de las amnistías o la validez de las mismas pueden contribuir con los procedimientos a nivel local.

Tal como el caso de muchos países en la región, el Código Penal guatemalteco criminaliza la tortura y las desapariciones forzadas. Estos crímenes fueron adoptados en 1995 y obedecen a la lucha contra el crimen organizado y no al cumplimiento del Derecho International de los Derechos Humanos o del Derecho Penal Internacional. El Código Penal también contiene una sección en la que prevé el genocidio, en el cual se excluye del tipo los grupos raciales y se adopto una norma genérica, llamando genocidio a las ofensas contrarias a losdeberes contra la humanidad, que alcanza a regular todas las violaciones contenidas en las Convenciones de Ginebra y al Derecho Internacional Humanitario.

Juicio en Guatemala por Las Dos Erres: lento pero seguro

El 2 de agosto de 2011, un tribunal local guatemalteco sentenció a cuatro ex soldados de una unidad de eliteKaibil a 6006 años de prisión por la masacre de Las Dos Erres. Esta sentencia fue saludada por las victimas, sus familias y la comunidad internacional y fue un paso más en la recuperación de la memoria histórica. Es también un precedente de justicia muy importante para el país.

Sin embargo, y poniendo de relieve otro precedente importante, en marzo de 2012, un quinto soldado fue sentenciado por la misma masacre. Pedro Pimentel Ríos fue sentenciado a 30 años de prisión por cada una de las victimas del ataque y 30 años por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

El proceso contra Pimentel, quien fuera deportado desde los Estados Unidos por ser inmigrante ilegal en 2009, fue llevado a cabo de forma separada al “mega-juicio”. A pesar de que las leyes penales guatemaltecas permiten a los reclusos cumplir como máximo una pena de 50 años, estas sentencias tienen un rol simbólico.

El ex presidente Ríos Montt compareció por primera vez ante una corte local en enero de 2012, en la cual será enjuiciado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Está acusado de ordenar la matanza de al menos 1700 mayas durante los choques entre el gobierno y los grupos insurgentes de izquierda. El General Efraín Ríos Montt, quien sólo gobernó por 17 meses durante el pico de violencia en 1982/1983- fue puesto en arresto domiciliario y el juez anunció que existían pruebas suficientes para que Ríos Montt enfrente un juicio en Guatemala.

Es la primera vez que una corte latinoamericana acusó a un ex presidente de genocidio. El hecho que haya sido puesto en arresto domiciliario y que pueda ser juzgado es visto como una victoria para todos los que en Guatemala han luchado sin cesar por la responsabilidad de los crímenes cometidos durante el gobierno de Ríos Montt en 1980.

Los desafíos pendientes

A pesar de estos esfuerzos significativos, la situación en Guatemala es problemática. El problema del crimen organizado pone en jaque a la seguridad, forzando a la (re) militarización del país. Esto significa que el Estatuto de Roma puede comenzar a abrir el debate para la pronta incorporación de los crímenes internacionales y para la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Considerando los problemas de seguridad que enfrenta Guatemala, por el tráfico de drogas y el crimen organizado, estas reformas legales e institucionales deben ser de prioridad máxima.

*Mariana es la Directora del Programa de Derechos Humanos de Asuntos del Sur. @maritaerrepe

*Salvador es LL.M., Universidad de Ottawa. Asesor jurídico de la Comisión Andina de Juristas y Asesor del Área de Estudios y Proyectos de la Asociación SALGALU para el Desarrollo. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe