El pasado 7 de abril, el mundo recordó los 20 años del genocidio en Ruanda. En tan solo 100 días, aproximadamente 800,000 personas murieron a causa del enfrentamiento étnico de la mayoría Hutu contra la minoría Tutsi. En abril de 1994, 7 millones de personas habitaban este país africano. Tres meses después, el 11% de la población había sido asesinada.  

Este conflicto fue la definición de la barbarie: familias y comunidades matándose entre sí y sin ninguna piedad hacia niños, mujeres u ancianos. Todos eran objetivos y todos eran enemigos. En la era de la globalización, el genocidio ruandés fue la primera televisación, a colores y en tiempo real, de lo que Hanna Arendt había descrito como la banalidad del mal.

Al finalizar el conflicto, y con el apoyo (tardío) de la comunidad internacional, se inició la reconstrucción del país. En lo jurídico, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con el mandato de juzgar a los principales responsables del genocidio. En sus casi 17 años de funcionamiento pleno, este Tribunal procesó a 93 personas, condenando a 63. La última sentencia del TPIR se dio a fines de 2012 y actualmente se encuentra en proceso de cierre de funciones.

En el ámbito estrictamente jurídico, tres de los principales aportes del TPIR fueron (i) la determinación de que el genocidio representa el crimen de los crímenes en el Derecho Penal Internacional (Caso Kambanda); (ii) que los crímenes de violencia sexual son crímenes internacionales y que la violación sexual es una de las causales de genocidio (Caso Akayesu); y (iii) la responsabilidad de civiles por su capacidad de mando en las campañas de radio invocando a la población Hutu a cometer genocidio (Caso Nahimana, Barayagwiza y Ngeza).

Los números indicados arriba solamente se refieren a los principales responsables. En el caso de los “mandos medios”, ellos fueron remitidos a los tribunales nacionales. Esto llevó a que en un momento hubiera 120,000 génocidaires presos, número insostenible para cualquier sistema judicial. En un país completamente colapsado, este número de personas privadas de libertad significaba la antesala para una nueva masacre.

Una de las soluciones fue reactivar la justicia comunitaria, conocida como gacacas, que combina justicia con procesos de verdad y reconciliación. Hasta mayo de 2012, fecha en la que fueron desactivados, se crearon 12,000 gacacas en todo el país, conociendo más de 1,200,000 casos.

Los gacacas no han estado ajenos a controversia, pero aun así, estos contribuyeron a mantener un nivel de estabilidad y pacificación, aunque existen dudas sobre su fortaleza y sostenibilidad de los acuerdos comunales ahí adoptados. Por lo general, la población ha optado por no hablar de la violencia que los dividió y evitan describirse como Hutus o Tutsis, sino únicamente como ruandeses. Esto con la esperanza de que las nuevas generaciones no cometan el mismo error.

En lo económico, Ruanda ha demostrado avances significativos. Según el Banco Mundial, la pobreza ha pasado del 59% al 41% en los últimos diez años y la economía ha crecido en un promedio de 8% anual. En el contexto regional, es un país estable, considerando que en la región persisten conflictos étnicos que hoy están bajo el ámbito de la Corte Penal Internacional.

Si bien estos números son alentadores para un país que estaba en la ruina, la fractura social aun es grande. Actualmente Ruanda está en el puesto 167 del Índice de Desarrollo Humano (Perú es el No. 77) y en el puesto 105 en el Índice de Progreso Social, dirigido por el reconocido economista Michael E. Porter (Perú es el No. 55). Los principales problemas tienen que ver con el respeto a las libertades civiles y de expresión, así como la carencia en el acceso a agua y saneamiento.

El gobierno, si bien fue elegido democráticamente, es autoritario y debido al apoyo a guerrillas en países vecinos y el hostigamiento a opositores políticos, algunos países han cortado la cooperación. Esto es complicado considerando que el 40% de su presupuesto depende de la ayuda internacional.

Las lecciones del genocidio de Ruanda son muchas y demuestra que, más allá de las formas que una sociedad adopta como mirar estos hechos que marcan un “antes y después” en su historia, ignorar el pasado puede perjudicar en la reconstrucción. Las víctimas sobrevivientes del genocidio posiblemente nunca serán las mismas. Pero si algo demuestra el caso de Ruanda, así como en todos los países que han atravesado conflictos sanguinarios, es en la importancia de políticas sociales, especialmente hacia las víctimas. Veinte años después, la reconstrucción de Ruanda no ha terminado. Posiblemente nunca termine.